La titular del PAMI fue acusada de contratar a trabajadores que no cumplen con el requisito mínimo para ingresar al Estado: haber terminado la escuela.La titular del PAMI, Luana Volnovich fue denunciada penalmente por el nombramiento de más de 200 empleados a planta permanente, muchos de ellos sin el secundario terminado. Para la funcionaria, la presentación del título educativo ” atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo”.
Volnovich fue denunciada por la diputada nacional Marcela Campagnoli, quien la acusa de la posible comisión de los delitos de incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad, luego de que se conociera la resolución 2022-263 del PAMI, que se firmó el jueves pasado, donde se dispuso el pase a planta permanente de 206 trabajadores con contratos temporales, a partir del 1 de abril.
En el caso de aquellos que aún no concluyeron sus estudios secundarios, la directora del PAMI justificó que “la necesidad y el derecho al trabajo en los y las jóvenes es el factor de preponderancia”.
La resolución les reserva el cargo por 365 días a los empleados que no presentaron el título secundario, condición que exige la ley para ingresar al Estado. Hasta que eso suceda, “la persona trabajadora continuará prestando tareas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, hasta tanto se den por cumplidas las exigencias para obtener ese título secundario”.
LA DENUNCIA
“Nos encontraríamos frente a una clara inobservancia de los deberes que la Directora Ejecutiva del PAMI tiene a su cargo como funcionaria pública, abusando de su función con el único fin de beneficiar a personas que no poseerían los requisitos necesarios para acceder a cargos públicos, y que cuyo único mérito o muestra de idoneidad sería ser militantes del partido al que Volnovich pertenece”, señala la denuncia a la que accedió La Nación, y quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.
En caso de comprobarse, se habría violado también el principio de igualdad en el acceso a la función pública. “Se restringe el acceso seleccionando arbitrariamente personas que incluso no cumplen los mínimos requisitos legales (tal como poseer en título secundario) para desempeñar las funciones que le sería asignadas”, indica el texto.