Desde que comenzáramos a padecer las consecuencias de la pandemia que azotó al mundo, hubo un marcado desdén hacia los abogados y justiciables por parte del Máximo Tribunal de la Provincia.Y no se trata de una apreciación subjetiva o tendenciosa, ya que es fácil hacer un racconto de las sucesivas etapas que debimos de atravesar con no poco esfuerzo y sacrificio para acceder a un mínimo, dosificado y condicionado servicio de justicia.
La notable desigualdad de trato que significaba cada resolución del Superior Tribunal de Justicia, eran más que elocuentes. Me refiero a la distancia que establecían entre integrantes del Poder Judicial, y los abogados (sí, los que aportan una tasa de justicia de la que, una porción, se distribuye cada seis meses entre estos mismos integrantes, o sea magistrados y empleados).
En 2020 descubrieron que el papel era un medio de contagio, transmitía el virus. Había que eliminarlo.
Emprendimos el tránsito de un periplo que, con limitaciones y explicativos vía zoom, nos llevaría a litigar –si bien en términos precarios y con colapsos sistémicos- electrónicamente. El famoso INDI (Ingreso de Escritos Digitales).
Mientras tanto, nos recibían en la vereda o a través de un ventanuco del edificio de Tribunales, nos desinfectaban y éramos atendidos en la recepción a la que bajaba un/una escribiente con las protecciones del caso y nos exhibía o nos entregaba alguna documentación sin que pudiéramos subir al juzgado pertinente, para preservar la integridad de quienes eran la garantía de la supervivencia del servicio de justicia, por el resto de los tiempos.
Implementaron los “Turnos Web” que consistían, precisamente, en turnos que eran acordados con no menos de 48 horas de anticipación, para poder ver un Expediente durante 15 minutos y con una diferencia de media hora entre turno y turno. De este modo, decían, se evitaba la propagación del virus.
Todos (ellos), por esa razón, se mantenían encapsulados.
Los abogados seguíamos los acontecimientos haciendo –por necesidad- todas las acrobacias posibles, pero sin red.
Sin embargo, los excelentísimos integrantes del Poder Judicial, inexplicablemente, eran los que más contagios presentaban. Seguramente en el supermercado o en las farmacias o en el desarrollo de su cuota aeróbica, e incluso, algunos, en el ejercicio de sus prédicas evangélicas.
El Covid-19 no osaba atacarlos en horario laboral y menos en la burbuja tribunalicia. Lo indica la realidad. Ningún juzgado padeció una infestación masiva.
Se sintieron iluminados por la divinidad.
Por ello, en 2021 decidieron cambiar el sistema INDI por IURE (Expediente Electrónico) que sustituiría, paulatinamente, al primero.
Así, nuevamente, comenzaron las explicaciones remotas para la adecuación a los nuevos formatos del litigio.
Para octubre de 2021 el sistema IURE (Expediente Electrónico) pasó a ser obligatorio en el fuero civil.
Ello no obstante, sin aplicación efectiva en los juzgados laborales por carencia de soportes necesarios para su correcta y eficaz implementación. Al menos en Sáenz Peña.
De este modo, debíamos convivir en la yuxtaposición de los sistemas INDI, IURE y SIGI (Sistema Integrado de Gestión e Información), este último para el fuero penal.
Y, a pesar de muchas incomodidades y desinteligencias, no faltó empeño en el convencimiento de que estábamos superando la gran crisis que casi paralizara el servicio de justicia, y que todos estos cambios llegaban para quedarse y, optimizar el funcionamiento del aparato jurisdiccional.
Empero, este era el abanico de posibilidades o alternativas informáticas que nos ofrecía el Poder Judicial en su intento –seguramente bien intencionado- de digitalizar todo el universo litigioso o judicializado de una provincia.
¿Algo podía fallar?
Si. Que hubiera falta de previsibilidad.
Sin embargo, no había copias de seguridad (backup) que normalmente duplican la información por cualquier infortunio, como el que sucediera en los primeros días del año en curso.
¿Qué sucedió?
Hubo un ciberataque a un sistema que demostró ser, absolutamente, vulnerable y sin previsiones de respaldo a tanta información acumulada.
Una irresponsabilidad manifiesta, desde todo punto de vista.
Hoy no tenemos ni INDI, ni IURE, ni SIGI. Ni siquiera pueden conectar las computadoras al sistema.
Peor, no saben con certeza la magnitud del daño, si ese daño puede ser susceptible de reparación total y cuánto tiempo demandará esa tarea.
Hemos vuelto a la presentación manual y muchos juzgados carecen de la menor información para poder funcionar.
Esto se agrava en el fuero penal donde imperaba el expediente electrónico y todas las constancias (pruebas) estaban depositadas en un sistema intervenido maliciosamente.
¿Qué ocurriría, si todos los detenidos comienzan a cuestionar sus prisiones preventivas? ¿O de determinadas imputaciones basadas en testimonios que, únicamente, existen en el mundo electrónico?
Si algo sobra en este escenario, son dudas.
En una visión pragmática, lo mejor sería negociar con el pirata informático y abonarle determinada suma (consensuada), para volver la situación al tiempo del ataque, y a partir de allí contratar un servicio de ciberseguridad altamente capacitado que, además de implementar ciertos mecanismos que impidan estos sobresaltos dirigidos, mantengan copias de respaldo a la cuantiosa información sensible acumulada en tanto tiempo.
Si contratamos a “Cachito Ciberseguridad” es probable que termine saliendo más caro el remedio que la enfermedad, y sea una de las razones por las que ocurrió lo que estamos padeciendo.
Por lo pronto, el Máximo Órgano de la Justicia Chaqueña ha dispuesto un “Protocolo de Contingencia” con duración hasta el día 13 de febrero, inclusive. Protocolo que más allá del voluntarismo que han puesto de manifiesto, es una larga lista de restricciones que debemos aceptar durante su vigencia o hasta la normalización de este desaguisado.
Carné de vacunación en mano o PCR negativo de menos de 72 horas es la nueva exigencia de ingreso al Palacio de Tribunales. La concurrencia se ha vuelto inevitablemente mayor.
Acarreamos los escritos como otrora.
De un plumazo nos encontramos, otra vez, sumidos en la incertidumbre.
El Poder Judicial del Chaco ha recibido un ciberataque (hackeo) pero no son las víctimas o quienes lo están sufriendo. Son responsables exclusivos, y por pura dejadez.
Por Aldo Daniel Ávila (*)
(*) Abogado.
Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco