A través de un comunicado, dirigentes políticos mostraron su adhesión a la marcha convocada contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los firmantes son cercanos al kirchnerismo y en un largo escrito justificaron su postura para sumarse a la movilización del próximo 1 de febrero que tendrá su punto central frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero se replicará en todo el país.
Entre los que suscribieron el comunicado provincial resaltan algunos nombres, como los ex diputados Julio René Sotelo, Felipe Bittel y Gladis Cristaldo, la ex presidente del Colegio de Abogados de Resistencia Laura Tissembaum entre otros letrados, la actual secretaria de Derechos Humanos y Género de la provincia Silvana Pérez y el también ex funcionario de la secretaría de Derechos Humanos Julio César García.
El documento se titula “Por qué nos movilizamos el 1F” y allí señalan que tras el golpe militar de 1955, “las reformas constitucionales posteriores no han modificado el status -quo delineado por el confeso liberal de Alberdi, y ha sido gran parte del Poder Judicial Argentino quien ha venido a través de sus fallos consolidando los poderes fácticos, que por su posición dominante en lo económico son el poder real en nuestro País”.
“La necesidad de un cambio constitucional llegará por propio peso de las circunstancias de un pueblo que no está dispuesto a seguir entregando su destino a una plutocracia que lo sojuzga”, manifestaron y agregaron que “es necesario, hasta que llegue ese momento, que los sectores del Poder Judicial no sigan siendo instrumento de los grupos económicos para impedir cambios estructurales y desconocer leyes del Congreso Nacional. Ni ser el ariete de estos intereses para perseguir a dirigentes o políticos opositores a sus mandantes. Un poder Judicial que ha mantenido en el tiempo ciertos privilegios, como ser su inamovilidad, intangibilidad de sus sueldos y excepción de pago de ganancias, y que incluso se ha perpetuado en el poder legitimando golpes de Estado en desmedro de la Constitución que juraron defender”.
“El sesgo ideológico impreso en fallos que abiertamente favorecen a grupos económicos, (pública vinculación de 2 de ellos con el Grupo Clarín) o el no tratamiento de recursos de presos detenidos con fuerte componente político, no respetar la ley de género, aplicación ilegitima del 2×1 a genocidas, el desconocimiento de facultades propias del Congreso Nacional y rehabilitar una ley derogada hace 15 años para controlar el Consejo de la Magistratura, que se atribuyen funciones legislativas y coartan facultades del P.E., la aceptación de su designación irregular por D.N.U. de sus miembros Rosatti y Rosenkrantz, (mas allá de la subsanación posterior) nos ponen en grave riesgo institucional e inhabilitan moral y jurídicamente a sus actuales componentes para seguir detentando tan alta magistratura”, consideraron para justificar su adhesión a la marcha.
A continuación, el comunicado completo:
POR QUE NOS MOVILIZAMOS EL 1F
Los firmantes, en nuestra calidad de ciudadanos argentinos, queremos expresar nuestra adhesión a la marcha del 1F respecto al reclamo popular por una justicia independiente y popular, que conlleva un profundo cambio del sistema judicial argentino y la designación de nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de su actual composición.
Es sabido que en el desenvolvimiento del sistema Democrático es fundamental que el rol de los tres poderes del Estado esté acorde con el respeto del Estado de Derecho, la defensa de los intereses del pueblo en su conjunto, y que sus miembros no solo deben ostentar legitimidad de origen en sus designaciones, sino fundamentalmente la legitimidad de ejercicio, que solo se obtiene en tanto y en cuanto se perciba en el tejido social que gobierna el pueblo y se defiende un solo interés: el del Pueblo.
En nuestra querida Argentina la instauración de la Constitución de 1853 fue un avance para su época en un proceso de organización nacional, a la vez que en varios aspectos consolidó un modelo de País unitario, liberal y a la medida de la vorágine de intereses extranjeros. Basta para ello mencionar el concepto absoluto de la propiedad privada, la libertad de los ríos y no reservar para el Estado nacional recursos estratégicos.
Fue el devenir histórico y un nuevo modelo económico, que hizo necesario adecuar esa Constitución, a una nueva que se condiga con la constitución real, la que vive, necesita y siente el Pueblo, ella fue la Constitución de 1949.
El golpe militar de 1955, por simple decreto derogo una estructura jurídica, que consagraba derechos a la familia, niños, ancianos etc., pero fundamentalmente daba un rol al Estado como defensor de soberanía y motor de la economía y custodio de un modelo más justo y distributivo.
Las reformas constitucionales posteriores no han modificado el status -quo delineado por el confeso liberal de Alberdi, y ha sido gran parte del Poder Judicial Argentino quien ha venido a través de sus fallos consolidando los poderes fácticos, que por su posición dominante en lo económico son el poder real en nuestro País.
La necesidad de un cambio constitucional llegará por propio peso de las circunstancias de un pueblo que no está dispuesto a seguir entregando su destino a una plutocracia que lo sojuzga.
Pero es necesario, hasta que llegue ese momento, que los sectores del Poder Judicial no sigan siendo instrumento de los grupos económicos para impedir cambios estructurales y desconocer leyes del Congreso Nacional. Ni ser el ariete de estos intereses para perseguir a dirigentes o políticos opositores a sus mandantes. Un poder Judicial que ha mantenido en el tiempo ciertos privilegios, como ser su inamovilidad, intangibilidad de sus sueldos y excepción de pago de ganancias, y que incluso se ha perpetuado en el poder legitimando golpes de Estado en desmedro de la Constitución que juraron defender.
Basta recordar cuando el General Uriburu derroca al Pte. Don Hipólito Yrigoyen en 1930 y puso en comisión a la C.S.J.N integrada por los Dres. José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle, Antonio Sagarna, y procurador general Horacio Rodriguez Larreta, que se mantienen en sus cargos y elaboran las doctrina que justifican los golpes de Estado en vergonzosa acordada que entre otras cosas dice “…que el gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales y es necesario para asegurar la paz y el orden de la Nación y por consiguiente proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, pero manteniendo la supremacía de la Constitución”.
El sesgo ideológico impreso en fallos que abiertamente favorecen a grupos económicos, (pública vinculación de 2 de ellos con el Grupo Clarín) o el no tratamiento de recursos de presos detenidos con fuerte componente político, no respetar la ley de género, aplicación ilegitima del 2×1 a genocidas, el desconocimiento de facultades propias del Congreso Nacional y rehabilitar una ley derogada hace 15 años para controlar el Consejo de la Magistratura, que se atriibuyen funciones legislativas y coartan facultades del P.E., la aceptación de su designación irregular por D.N.U. de sus miembros Rosatti y Rosenkrantz, (mas allá de la subsanación posterior) nos ponen en grave riesgo institucional e inhabilitan moral y jurídicamente a sus actuales componentes para seguir detentando tan alta magistratura.
Adherimos a nivel nacional y local a las expresiones de repudio y marchas convocadas el 01/02/2022
Firmantes
Avelino Mario Daniel Fernández, DNI 11.653.682
Julio Rene Sotelo DNI 10.407.860
Francisco Rolando Ortiz DNI 2.104.715
Jorge Daniel Turk DNI 17.085.799
Laura Tissembaum DNI 12.343.355
Lilia Viviana Visconti DNI 7.059.533
Felipe German Bittel DNI 13.309.464
Gladis Cristaldo DNI 16.004.542
Ricardo Eulogio Bugnart DNI 11.016.246
Carlos Roberto Barsesa DNI 11.662.389
Mirna Elisabeth Storni Duarte DNI 22.711.364
Víctor Rolando Arbués DNI 13.114.284
Jose Luis Valenzuela DNI 8.219.251
Raúl Gerardo Bittel DNI 12.172.887
Maria Silvana Perez D.N.I 24.908.067
Marcelo Didier Billa 34.611.545
Edgardo R. Bachmann DNI 7.911.755
Patricia Filipponi DNI 16.244.772
María Luisa González DNI 4.179.075
Oscar Cacho Maciel DNI 5.520.386
Mario Daniel Souilhe DNI 8.300.780
Orellana Óscar Matias DNI 14.708.311
Marcelo H Rodriguez DNI 21.623.665
Lucio Fidel Gómez DNI 14.936.353
Alberto Nicolas Barcesa DNI 31.909.608
Armando Benitez DNI 11.653.870
Miguel Ángel Avila 17.356.743
Horacio Noel Ramón Vidarte DNI 13.902.609
Amalia Delfina Cisneros DNI 6.213.989
Carlos López DNI 16.367.645
Oreste Arturo Blanco DNI 13.463.467
Denaro Claudia Mariela DNI 24.805.094
Hipper Hans Gustavo DNI 14.085.304
Juan Facundo Esquivel 29.720.720
Josefina Bittel DNI 32.301.675
Carlos Erasmo Aguirre DNI 11.016.397
Lucía Itatí Verón DNI 12.816.698
Silvia Viviana Levin DNI 12.343.500
Norma Edith Suárez DNI 14.202.353
Rebeca Dikstein DNI 10.850.367
Goussal Rita Liliana DNI 12.172.227
Gastón Alberto Gonzalez
Lucía Liliana Moré
Analia Noemi Enciso DNI 30.522.764
Araceli Teresa Billa
Carlos H. Aguirre. DNI 7.536.105
Patricia Elisabet Castelán DNI 21.626.146
Adolfo “Cacho” Britez 14.346.086
Marina Mirta Ortega
Rorberto Ricardo Soria DNI 12.884.905
Adrian Ortiz DNI 16.320.795
Sandra Viviana Martina DNI 2.594.796
Fernando Raúl Ibarra DNI 13.902.458
Leila Marta Varela DNI 11.245.046
Natalia Mariel Luque DNI 22.711.029
Miguel Szabo DNI 12.098.910
Juan Edgardo Sosa DNI 12.820.269
Juan Ramón Meza DNI 20.193.174
Analía Flores DNI 17.813.291
Silvia M Robles DNI 13.309.878
Ricardo Uferer DNI 12.172.189
Griselda Isabel Gómez DNI 17.290.522
Julio César Garcia DNI 17.433.832
Mirians B. Serial DNI 17.369.103
Carlos Alberto Turk DNI 7.907.216
Benitez Mirta DNI 16.726.458
Norma Diana De Paoli DNI 4.174.159
David Nazareno Zambrino DNI 14.227.936
Perla Baldani DNI 1.173.080
Lucio F. Ayala Zalazar DNI 6.083.232
María E. Ayala Soria DNI 26.696.520
Marcelo Gastón Wurm DNI 34.366.383
Fany Pagano DNI 13.754.162
Stella Maris Lopez DNI 22.131.587
Luis Alberto Pascuet DNI 13.719.525
Cecilia Madera DNI 21.978.011
Mariana V Machuca DNI 29.440.582
Dora Paleari 16.367.361
Rios Paleari Carla Milena DNI 31.109.736
Norma Beatriz Bittel DNI 10.850.481
Acosta Marta Concepcion DNI 28.419.212
Liliana Elizabeth Smoly DNI 4.779.413
Miguel Ángel Balbuena DNI 20.223.511
Cecilia Solá DNI 20.623.538
Davies Mariela Itatí DNI 25.238.624
Avalos Claudia Noemi DNI 18.448.192
Gómez Victor Hugo DNI 16.926.180
Andrea Elizabeth Martina DNI 23.987.586