La magistrada intentó investigar supuestos delitos que se cometían dentro de la cárcel de Devoto pero no logró avanzar, por lo que denunció a varios funcionarios, entre ellos Martín Soria.La jueza federal María Servini avanzó con una denuncia por obstrucción contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la directora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós de Rébori, al considerar que no tuvo colaboración en la investigación del supuesto delito de venta de drogas que se cometían dentro de un pabellón de la cárcel de Devoto.
Según contó Infobae, todo se remonta a septiembre del 2021, cuando la magistrada le pidió al SPF que se realizaran tareas de investigación dentro del Pabellón Universitario para conocer detalles respecto al supuesto delito. En diciembre desde la fuerza de seguridad respondieron que “carecían de facultades” para hacerlo.
En diciembre Servini insistió con el pedido ante María Laura Garrigós de Rébori, directora del Servicio Penitenciario Federal. En febrero del 2022 el SPF respondió que no tenían un área que pueda realizar lo solicitado. La resolución que lleva la firma de Servini y que fue difundida por Infobae dice que desde el SPF se argumentó que “el organismo denominado como “Departamento de Inteligencia Penitenciaria”, también conocido internamente como “Unidad 50″, había sido disuelto por la intervención al Servicio Penitenciario Federal decretada el 10 de junio de 2020 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que, a la fecha, no se había creado una División que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”.
Ante esa situación, la jueza Servini decidió mandar un oficia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, encabezado por Martín Soria y que tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal.
Unos días después se presentó en la causa Federico Marimón, quien había sido designado como instructor en la investigación. Para realizar la tarea encomendada solicitó al juzgado “un vehículo no identificable, personal computadoras, impresoras con insumos y un lugar físico con acceso a internet”.
Servini se quejó por la solicitud de Marimón ante la dirección del SPF y desde allí le expresaron a la magistrada que la designación había sido realizada por la jefatura de Devoto. A eso sumaron un dato más: “estaba bajo investigación por un sumario interno iniciado por las tareas de inteligencia realizadas por durante el gobierno anterior”, tal lo contado por el medio nacional. Ante ello, Servini revocó la designación de Marimón y el SPF nombró al prefecto Néstor González.
Tras el apartamiento de Marimón, ocurrió otro hecho que llamó la atención de Servini. Llegó un mail al juzgado que contenía detalles de cómo se realizarían actos delictivos en Devoto. Incluso nombraban a Sonia Alvarez, subdirectora del SPF, vinculándola a actividades ilegales.
Pero además, en el mail también se hablaba de denuncias y de la causa que se investigaba, es decir que ya se había filtrado la investigación, por lo que los resultados ya servirían de poco.
Servini expresó en su resolución: “…habré de destacar con vergüenza que a casi un año del inicio de las actuaciones y por inacción de las autoridades requeridas, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que comenzara. Dicha circunstancia me permite concluir que, sin perjuicio de los numerosos intentos por parte de esta sede de tratar de acreditar y corroborar los extremos denunciados, existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”.
Ante esto, la jueza federal motorizó dos denuncias. Una contra Sonia Álvarez, que ya fue a la Cámara Federal de San Martín. Otra contra el ministro Soria y la directora del SPF Garrigós de Rébori “por la demora, obstrucción y divulgación de información reservada de esta investigación”. El sorteo hizo que la causa recaiga en el juzgado de Julián Ercolini.