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Septiembre es el mes en el que los gobiernos argentino y chino acordarían oficialmente la instalación de 25 megagranjas de cerdos en Argentina para la producción de 900.000 toneladas de carne porcina. Agrupaciones socioambientalistas rechazan el proyecto por las consecuencias que tendría en el ambiente, la naturaleza y los territorios, en medio de una crisis ambiental mundial sin precedentes.La convocatoria que trascendió en redes sociales como “25A” tiene lugar en 15 provincias del país. En Santa Fe, la concentración se realizará desde las 13 horas en calles Córdoba y Corrientes de la ciudad de Rosario. Los manifestantes entrerrianos también expresarán su rechazo en la plaza Primero de Mayo de la ciudad de Paraná.

Sinaí Baién, activista del movimiento Rebelión o Extinción de Rosario, destacó el contexto en el que se dan las negociaciones con el país asiático. El rechazo social “tomó mucha contundencia por la pandemia y la posibilidad de que estas instalaciones generen un nuevo salto zoonótico”, dijo a Aire Digital.

La rosarina recordó la declaración de la Emergencia Climática por parte del gobierno argentino en 2020 y se preguntó cómo afectaría el mayor proyecto de industria porcina de la historia del país.

Según el borrador del memorándum de entendimiento con China que habría filtrado el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación al periodista Martín Di Natale, “cada módulo de las factorías instaladas requiere el abastecimiento de 17.000 hectáreas de soja, maíz o trigo, llevando a una mayor deforestación”, argumentó Sinaí.

También preocupa a los ambientalistas el consumo de agua que demandaría dicho proyecto, en medio de una importante crisis hídrica que se agravaría en un futuro no muy lejano, según las proyecciones. “Entre todas las megagranjas se estima un consumo de 1.500.000 litros de agua por día”, agregó haciendo alusión a los datos desprendidos del acuerdo.

El estado de las negociaciones entre los ministerios argentinos y chinos es un misterio. Desde que comenzaron las tratativas, a principios de 2020, no hubo información oficial sobre el acuerdo. Los datos más recientes fueron publicados el 12 de julio pasado en un artículo del medio El Cronista donde el periodista Di Natale aseguró que “la Argentina y China trabajan con el objetivo de firmar en septiembre el acuerdo, que se trabajó en una mesa interministerial y que se concretará con las contrapartes chinas”. Sin embargo, esa misma noche, Cancillería Argentina aseguró que esa información “es absolutamente falsa y carece de asidero”.

Así, el contenido del memorándum que proyecta la instalación de 25 granjas de cría intensiva -en una primera etapa- con 12.000 cerdas madres, grandes complejos industriales con plantas de acopio y prensado de soja, generación de biodiesel, frigoríficos y biodigestores…es una historia que circula de manera extraoficial.

Cabe recordar que el pacto con los orientales iba a rubricarse en septiembre de 2020, pero se postergó para noviembre con el fin de incluir en el Memorándum de Entendimiento “un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad”. Pero desde ese momento, la Cancillería de Felipe Solá no volvió a referirse públicamente al tema hasta luego de la publicación del artículo periodístico el mes pasado.

Un año de rechazo

La Acción Plurinacional contra el Acuerdo Porcino con China, como se denominó al evento del miércoles en 15 provincias, recuerda esta semana el inicio de las protestas contra el acuerdo con el país asiático y llamaron a “defender nuestro territorio de este vergonzoso negociado de industrialización animal que solo aporta más saqueo, ecocidio, extractivismo y peligro de nuevas pandemias”.

Así lo describe el comunicado de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, donde aseguran además que “las megacorporaciones, el Estado, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables, y el reclamo hacia estos actores es cada vez más fuerte, inocultable por los medios hegemónicos”.

El reclamo de los movimientos y las agrupaciones que forman parte de la coordinadora es unánime. Sinaí Baién afirmó que se trata de “exigir a los gobiernos que digan la verdad sobre la crisis climática y ecológica y que actúen ya”. “Tenemos que exigir que abran la democracia para que sean los territorios los que decidan”, concluyó.

Fuente: Aire de Sante Fe.